La extradición es una figura clave en el derecho internacional, basada en la cooperación entre Estados para combatir la impunidad y garantizar que las personas acusadas o condenadas por delitos graves no puedan eludir la justicia refugiándose en otro país. En España, el proceso de extradición puede ser tanto activa como pasiva, dependiendo de si es el Estado español el que solicita o recibe la petición. Este artículo analiza las diferencias entre ambas y su tratamiento en el marco jurídico español.
¿Qué es la extradición?
La extradición es el procedimiento legal mediante el cual un Estado entrega a otro Estado a una persona acusada o condenada por un delito, para que sea sometida a un proceso penal o cumpla una pena ya impuesta. La base jurídica de la extradición en España se encuentra en la Ley de Extradición Pasiva (Ley 4/1985) y en convenios internacionales, como el Convenio Europeo de Extradición de 1957 y otros tratados bilaterales firmados por España.
Extradición activa en España
● Definición: La extradición activa se refiere a aquellos casos en los que España solicita la entrega de una persona que se encuentra en el extranjero para someterla a un proceso penal o para que cumpla una condena impuesta por los tribunales españoles.
● Fundamentos jurídicos: La solicitud de extradición activa se basa en el principio de reciprocidad o en la existencia de un tratado de extradición entre España y el país requerido. Además, para que la solicitud prospere, el delito por el cual se solicita la extradición debe estar tipificado tanto en España como en el país requerido, conforme al principio de doble incriminación.
● Procedimiento: El procedimiento de extradición activa se inicia con una resolución judicial en España, generalmente emitida por la Audiencia Nacional, que es el tribunal competente en estos casos. Tras la resolución, se tramita la solicitud a través del Ministerio de Justicia, que la envía al país requerido mediante los cauces diplomáticos. Si el país requerido concede la extradición, la persona es entregada a las autoridades españolas.
Extradición pasiva en España
● Definición: La extradición pasiva ocurre cuando España recibe la solicitud de otro Estado para la entrega de una persona que se encuentra en territorio español, ya sea para someterla a un proceso penal o para que cumpla una pena en el país solicitante.
● Marco jurídico:
La extradición pasiva en España está regulada por la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva, que establece los requisitos y condiciones para conceder o denegar la extradición. Uno de los requisitos principales es el respeto a los derechos fundamentales de la persona solicitada, conforme al artículo 13 de la Constitución Española y los tratados internacionales de los que España es parte.
● Garantías jurídicas y causas de denegación:
Existen diversas causas por las que España puede denegar una solicitud de extradición pasiva, entre las que destacan:
○ Delitos políticos: España no concede la extradición cuando el delito que se imputa a la persona tiene naturaleza política.
○ Principio de no entrega de nacionales: Según el artículo 13.3 de la Constitución, España no extradita a sus ciudadanos, aunque este principio puede flexibilizarse en el marco de la Unión Europea con instrumentos como la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
○ Riesgo de pena de muerte o tortura: La extradición puede ser denegada si existe riesgo de que la persona sea sometida a torturas, tratos inhumanos o degradantes, o sea condenada a la pena de muerte en el país solicitante.
○ Principio de doble incriminación: El delito por el cual se solicita la extradición debe estar tipificado en ambos Estados, es decir, tanto en España como en el país solicitante.
● Procedimiento:
El procedimiento de extradición pasiva comienza cuando un Estado extranjero envía la solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta solicitud es analizada por el Ministerio de Justicia y, posteriormente, es evaluada judicialmente por la Audiencia Nacional. Si se cumplen los requisitos legales, el tribunal emite un auto favorable a la extradición, pero la decisión final recae en el Consejo de Ministros, que tiene la última palabra para conceder o denegar la extradición.
Diferencias clave entre extradición activa y pasiva
● Quién realiza la solicitud:
○ Extradición activa: España solicita la entrega de un individuo que se encuentra en otro país.
○ Extradición pasiva: España recibe la solicitud de otro país para la entrega de una persona.
● Competencia judicial:
○ Extradición activa: La competencia para solicitar la extradición corresponde a
los tribunales españoles, habitualmente la Audiencia Nacional.
○ Extradición pasiva: La Audiencia Nacional también es competente para tramitar la solicitud, pero el control final corresponde al Consejo de Ministros.
● Doble incriminación:
○ En ambos tipos de extradición, el principio de doble incriminación es fundamental, lo que significa que el delito debe estar previsto en las leyes penales de ambos Estados involucrados.
● Entrega de nacionales:
○ En la extradición activa, España puede solicitar la extradición de sus nacionales a otros Estados, aunque algunos países no permiten la entrega de sus propios ciudadanos.
○ En la extradición pasiva, España no entrega a sus nacionales, salvo excepciones en el ámbito de la Unión Europea con la Orden Europea de Detención y Entrega.
● Tratados y reciprocidad:
○ En la extradición activa, España basa su solicitud en tratados bilaterales o el principio de reciprocidad.
○ En la extradición pasiva, España también actúa conforme a los tratados suscritos y a las garantías establecidas por el derecho internacional, como el respeto a los derechos humanos.
Conclusión:
La extradición en España, tanto activa como pasiva, es un proceso complejo y altamente reglado, en el que intervienen múltiples actores tanto a nivel judicial como gubernamental. Mientras que la extradición activa permite a España solicitar la entrega de personas que han huido del país tras cometer un delito, la extradición pasiva responde a la solicitud de otros Estados. Ambas formas de extradición están sometidas a estrictas garantías jurídicas que buscan proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas y asegurar el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Si te encuentras en una situación relacionada con la extradición o necesitas asesoramiento legal, no dudes en contactarnos para obtener una defensa experta y personalizada. En Lealta Abogados somos abogados expertos en extradiciones.
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